Brasilia, 2 dic (Prensa Latina) La defensa de Luiz Inácio Lula da Silva solicitó hoy a la segunda sala del Supremo Tribunal Federal (STF) la anulación de la sentencia condenatoria contra el expresidente dictada por una corte de apelaciones en el caso del sitio de Atibaia.
La semana pasada, el Tribunal Regional Federal de la IV Región (TRF-4) negó el pedido de anular la sentencia en primera instancia al exgobernante por Atibaia.
El relator de la operación Lava Jato en el TRF-4, João Pedro Gebran Neto, votó a favor de aumentar la condena a 17 años y los jueces Leandro Paulsen y Eduardo Thompson Flores Luz concordaron plenamente con la votación.
Para los tres magistrados, Lula se benefició de las obras por unos 235 mil dólares que las constructoras Odebrecht y OAS hicieron en una finca en Atibaia, en Sao Paulo, a cambio de favorecer a las empresas en contratos con la estatal Petrobras.
El exdirigente obrero niega en todo momento ser el propietario del sitio y asegura no tener nada que ver con las reformas en el lugar.
En la solicitud presentada al STF, la defensa argumentó que el exsindicalista fue objeto de «vergüenza ilegal».
Eso es porque, según los abogados, la apelación fue juzgada incluso antes que las pendientes de análisis, como la sospecha de parcialidad del ministro de Justicia, Sérgio Moro, quien lideró el inicio del proceso contra Lula, cuando aún era juez de la 13 Corte Federal de Curitiba.
Además, argumenta la defensa, la apelación del fundador del Partido de los Trabajadores fue juzgada antes que otras más antiguas, faltando al respeto al orden cronológico.
La semana pasada, antes del juicio de TFR-4, el juez Luiz Edson Fachin rechazó la suspensión del juicio de la apelación. El magistrado es el ponente de la operación Lava Jato en el Supremo.
Ahora, la defensa quiere que Fachin revise la decisión y suspenda el avance del proceso, pues el TFR-4 todavía tiene que juzgar una apelación.
Esta fue la segunda condena de Lula, quien recuperó el 8 de noviembre su libertad luego de cumplir 580 días de prisión. Su defensa insiste que es víctima de lawfare (guerra jurídica), articulación del proceso con intenciones políticas.